AiPaz y numerosas organitzaciones de la sociedad civil, entre las cuales FundiPau, pedimos al Gobierno español y al Parlamento español la reorientación de gastos militares a inversión eco-social y con perspectiva de género, en especial en favor de las personas y grupos en situaicón de mayor vulerabilidad.
Petición ‘Armas o salud’ en pdf
La llegada de la pandemia de la Covid-19 ha provocado una grave crisis que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas y, por extensión, también a los presupuestos de las diferentes administraciones del Estado y a la economía del país.
En este marco de crisis generalizada aparece la noticia de que el Gobierno tiene previsto poner en marcha nuevos programas especiales de armamentos que alcanzan la elevada cifra de 13.356 millones de euros (M€), que deberán desarrollarse entre 2020 y 2032. Entre ellos destacan 248 blindados 8×8 Dragón, por un coste de 2.100 M€; actualización del avión de combate F-2000, por 906 M€; suplementación del submarino S-80, 1.172 M€; 1.381 M€ para los nuevos helicópteros militares NH-90; 819 M€ para modernizar los helicópteros Chinook; 1.617 M€ en dos satélites Spainsat de comunicación militar; y cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€. Se incluye, además, el compromiso de colaborar en un nuevo avión de combate europeo a desarrollar entre Alemania, Francia y España, el FCAS, con una aportación inicial de 110 M€; contando con que su coste final superará los 10.000 M€ solo para España.
Para hacer frente a este enorme gasto, el actual presupuesto del Ministerio de Defensa de 2020, aunque prorrogado desde 2018, tiene una partida para inversiones en armamentos de 3.059 M€, a los que se suman 678 M€ en I+D militar para el desarrollo de nuevas armas. Este momento en que el Gobierno de España va a presentar al Parlamento español una nueva propuesta de Presupuestos Generales del Estado y se inicia el proceso para su aprobación, contando con un contexto de ayudas europeas a España como respuesta a la emergencia de la pandemia de la Covid-19, es clave para negociar y aprobar una reorientación de gastos militares a inversión eco-social y con perspectiva de género, en especial en favor de las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Desde la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y numerosas organizaciones de la sociedad civil observamos con preocupación este enorme e irracional gasto en armamentos, en un momento en que una profunda crisis económica y social azota al mundo y a nuestro país. Precisamente ahora, cuando la pandemia ha puesto en evidencia las carencias de nuestra sanidad pública y nuestro sistema educativo, víctimas, junto a otros muchos servicios públicos que sostienen el Estado de bienestar en España, de los recortes a que fueron sometidos tras la crisis de 2008. Ahora, asociada a la pandemia, estamos sumidos en una crisis de enorme magnitud que hace necesario movilizar cuantiosos recursos públicos para abordar los cambios y trasformaciones profundas que nuestro país necesita para que la población pueda cubrir sus necesidades básicas, superar la pérdida de empleo y reactivar la economía productiva garantizando derechos laborales.
La pandemia también ha amplificado desigualdades de género e incrementado los niveles de violencia machista contra las mujeres en todo el mundo, exponiendo en el Estado español las carencias estructurales, políticas e institucionales para hacer frente a estas violencias. Al mismo tiempo, la Covid-19 ha evidenciado la crisis de cuidados a nivel global y los límites de las aproximaciones a la seguridad desde visiones hegemónicas, militaristas y patriarcales.
La crisis de la Covid-19 también ha visibilizado las desigualdades de la política migratoria actual y la Ley de Extranjería, que deja a un elevado sector de la población del Estado español sin plena ciudadanía y en situación de gran desprotección y, con frecuencia, explotación. Si ya antes de la pandemia urgía garantizar derechos y recursos frente a la desigualdad racializada, ahora ya no puede esperar más.
En consecuencia, consideramos totalmente inapropiado el ingente gasto militar existente hoy en España, que ronda ya los 20.000 M€ anuales (10.199 M€ directos para el Ministerio de Defensa y otros 9.800 restantes repartidos en diversos ministerios), así como el plan para financiar los nuevos programas de armamento ya mencionados.
Desde el inicio de este siglo se ha producido una enorme transformación geopolítica y geoestratégica mundial que determina que los ejércitos extensivos (España tiene unas fuerzas armadas de 120.000 militares) carecen de sentido, y que la guerra entre Estados, especialmente en Europa, se ha hecho aún más improbable. Por tanto, es el momento de revisar el modelo de defensa en España, incluyendo los ambiciosos programas de adquisición de armamentos, reorientando el papel de los ejércitos a mantener su papel de disuasión frente a terceros y resituándose en un nuevo escenario de seguridad compartida, especialmente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Eso incluye entender que la seguridad y la defensa van más allá de las capacidades militares y que, por tanto, el esfuerzo en este terreno debe tomar seriamente en consideración la inversión prioritaria en recursos humanos y económicos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a los que el Gobierno de España se ha comprometido.
La actual pandemia ha demostrado nuevamente que los retos de alcance global no pueden ser abordados estrictamente desde una lógica nacional o estatal, sino que se requieren marcos de concertación que se sustenten en conceptos como la solidaridad internacional o la justicia global. Desde una mirada holística de la seguridad y la defensa, y un compromiso firme con los ODS y la Agenda 2030, el fortalecimiento de las estructuras y mecanismos de protección social en España debería ser plenamente compatible (e incluso complementario) con una apuesta decidida por las políticas de cooperación al desarrollo y la resolución de conflictos, así como por la preservación e, incluso, el incremento de los niveles de Ayuda Oficial al Desarrollo.
La seguridad que más necesita la ciudadanía es la que proporcionan las políticas públicas en sanidad, educación, protección del empleo, acceso al estatus de ciudadanía plena, prevención de violencia de género, justicia con perspectiva feminista, acceso a la vivienda y demás servicios sociales y protección y promoción de la biodiversidad. La pandemia del coronavirus ofrece, por tanto, una oportunidad para poner en el centro las políticas de seguridad desde la perspectiva de las necesidades de la población, partiendo del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, de la interdependencia entre seres humanos y con el planeta, y de la puesta en valor de los cuidados.
Es por todo ello que,
Las organizaciones firmantes solicitamos al Gobierno español que tome decisiones decididas y adecuadas a la situación de crisis nacional y global que estamos viviendo y, en consecuencia, apruebe una reorientación de los gastos militares, de los futuros Presupuestos Generales del Estado, a la inversión eco-social feminista y con perspectiva de género.
Igualmente, demandamos la paralización inmediata de los grandes proyectos armamentísticos en curso y que sus importes se destinen, de forma prioritaria, a potenciar políticas públicas dirigidas a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
En concreto, para reforzar los sistemas públicos para la garantía de derechos sociales demandamos un sostenido incremento de la inversión pública dirigida a:
- Paliar las deficiencias de los sistemas de salud a nivel nacional, autonómico y local, con destino tanto a prevención y tratamiento, aumento de material y personal médico y asistencial e investigación médica, en sinergia con los programas europeos e internacionales orientados a dar soluciones a la pandemia de la Covid-19.
- Mejorar la educación a todos los niveles, contribuyendo a reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar y a erradicar la segregación, así como a neutralizar la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se debe propiciar la integración de contenidos de educación para la igualdad, incluyendo la igualdad de género, la Ciudadanía Global y la Cultura de la Paz, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, tal como se establece en la “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.
- Lograr la descentralización de los servicios sociales más próximos a la ciudadanía, tanto autonómicos, provinciales como locales, para realizar acciones centradas en el bienser y bienestar social, garantizando la implementación de la Ley de Dependencia y la creación de un sistema público integral de cuidados.
- Reconocer los impactos específicos de la pandemia desde una perspectiva de género y garantizar la puesta en marcha de políticas que garanticen los derechos de las mujeres frente a las violencias múltiples y multidimensionales que afrontan, exacerbadas en el contexto de Covid-19. Dotar de recursos suficientes las políticas para la erradicación de la violencia machista (justicia, acompañamiento integral, educación, entre otras).
- Impulsar y garantizar los derechos de ciudadanía a toda la población del Estado español, aprobando, para ello, la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español y otras medidas para una política migratoria, recogidas en la Proposición no de Ley presentada a la mesa del Congreso en 2020 y promovida por entidades y organizaciones sociales. Dotar de recursos adecuados una política migratoria y de asilo basada en los derechos humanos.
- Apoyar a las personas trabajadoras, los autónomos, la producción alimentaria, el comercio de proximidad y a todos aquellos sectores productivos que se están viendo más afectados por la pandemia de la Covid-19, incluyendo, para ello, recursos para sistemas efectivos de inspecciones laborales y la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
- Potenciar los recursos humanos y económicos para la reconversión industrial de la industria armamentística nacional en sectores productivos civiles de interés nacional y europeo.
- Incrementar los recursos humanos y económicos en investigación y puesta en marcha efectiva de proyectos nacionales e internacionales para llevar a cabo la transición ecológica y lograr la transformación estructural en energías renovables y en favor de la recuperación de los ecosistemas, la fauna, la flora y las comunidades humanas sostenibles, desde una perspectiva comprometida con la justicia climática.
Barcelona, Castellón, Gernika, Granada, Madrid, Zaragoza, Valladolid… , Octubre de 2020
