Desde FundiPau condenamos la brutal represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía y el ejército, durante las protestas ciudadanas de los últimos días en Colombia.
Reclamamos al gobierno colombiano que garantice el derecho a la manifestación y que se respete la vida de las personas que desde el pasado 28 de abril han salido a las calles para expresar su rechazo a la reforma tributaria. Una propuesta que el gobierno se ha visto obligado a retirar y revisar, y que afectaba a los sectores más vulnerables de la sociedad, que han visto agravada su situación social y económica por los efectos de la pandemia. (El 42% de la población colombiana está en situación de pobreza, la tasa de paro es del 14% y el índice de economía informal es del 50%).
Exigimos que se investiguen todos los casos de violencia policial: asesinatos, agresiones, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desaparición de personas, que han denunciado varias entidades del país, en el marco de las movilizaciones. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entre el 28 de abril y el 4 de mayo 31 personas ha sido asesinadas, 1.220 personas han sido heridas, 9 personas han sido víctimas de violencia sexual, 87 personas están desaparecidas y 18 personas han sufrido lesiones graves en los ojos.
Así mismo, como entidad comprometida con la cultura de paz, instamos al gobierno colombiano a retirar vallas y helicópteros de las calles del país, a prohibir el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego en contra de las personas que participan en las movilizaciones y, en definitiva, a desmilitarizar las protestas.
Del mismo modo, rechazamos todos los actos de vandalismo y violencia por parte de grupos ajenos a las movilizaciones.
Apoyamos a la ciudadanía que de forma pacífica reclama mejores condiciones de vida para todo el mundo, que denuncia los asesinatos de defensoras de derechos humanos y de excombatientes, los feminicidios y las masacres, y que exige al gobierno la implementación de los acuerdos de paz que prevén mecanismos de reforma rural integral, participación política, propuestas de solución al problema de las drogas ilícitas, y sistemas de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
Finalmente, instamos al gobierno colombiano a que el espacio de diálogo que ha anunciado para el 10 de mayo cuente con todos los sectores sociales que participan en las movilizaciones, y que permita detener la violencia, garantizar el derecho a la protesta y concretar programas de apoyo a la población.
