Barcelona-Madrid, 26/10/2010. Las organizaciones de la Campaña ‘Armas bajo control’ -Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Intermón Oxfam y Greenpeace- ven con profunda preocupación las informaciones publicadas ayer por el diario “El País” según las cuales el gobierno español estaría negociando la venta de carros de combate a Arabia Saudí por valor de 3.000 millones de euros.
“Nos preocupa que esta posible operación incumpla claramente la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Ley 53/2007, de 28 de diciembre), que estipula que se denegarán operaciones de ventas de armas a países con vulneración de derechos humanos”, ha declarado Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau.
“Por otro lado, está el inmenso volumen de esta operación, ya que esta venta supondría doblar la cifra global de venta de armas que España alcanzó para el 2009 (1.491 millones de euros que, además, es la cifra anual más alta conseguida)” ha denunciado Mabel González, responsable de desarme de Greenpeace.
Por todo ello, la campaña Armas Bajo Control pedirá al gobierno que dé explicaciones públicas sobre este asunto y detenga una operación que contraviene claramente la legislación actual.
“Arabia Saudí es un país con graves violaciones de los derechos humanos, reacio a reconocer los derechos de las minorías, y especialmente de las mujeres, y mantiene un enfoque represivo en materia de libertades, que incluye el recurso frecuente a la tortura y la ejecución de penas de muerte y el encarcelamiento de presos de conciencia”, ha declarado María del Pozo, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional.
A pesar de ello, según datos oficiales del gobierno español, en 2009 fue destinatario de productos españoles de defensa y doble uso por valor de casi 5 millones de euros, especialmente en munición y aviones de combate. La portavoz de Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el posible uso de los carros de combate españoles en el norte de Yemen, donde las autoridades yemeníes sacrifican los derechos humanos en aras de la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas de Al Qaeda y los rebeldes chiíes zaidíes en el norte. En un reciente informe, AI documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos, que incluye homicidios ilegítimos de personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda y los activistas del Movimiento del Sur así como detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin las debidas garantías.
“El gobierno español debe ser coherente y condicionar esta venta al establecimiento de salvaguardias como la formación y sistemas de rendición de cuentas para evitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas saudíes en el norte de Yemen, ha declarado Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam. IO, Amnistía Internacional e IANSA, una coalición internacional de ONG, abogan por la adopción de un Tratado sobre Comercio de Armas que se están negociando en la ONU que incluya la denegación de transferencias de armas cuando exista un riesgo importante de que se puedan usar para cometer violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario hasta que se adopten medidas que eliminen ese riesgo.
El artículo 8 de la Ley 53/2007 establece que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones de exportación serán suspendidas o revocadas, entre otros casos, “Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.
Información complementaria
Las ONG españolas sienten preocupación ante el posible uso de los carros de combate. En la gobernación de Sada, en el norte de Yemen, se ha producido un recrudecimiento de los combates, entre las fuerzas del gobierno y miembros de la comunidad zaidí de la minoría chií y las autoridades no han investigado graves violaciones de derechos humanos, incluidos presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas del gobierno. El largo conflicto que se libraba en la gobernación septentrional de Sada entre las fuerzas del gobierno y los partidarios armados del difunto clérigo chií zaidí Hussain Badr al Din al Huthi se reanudó con nueva intensidad en agosto de 2009, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar con el nombre en clave de “Tierra Quemada” consistente en bombardeos aéreos y despliegue de tropas de tierra. Los combates habían desplazado a más de 190.000 personas desde 2004, según afirmo en diciembre el ACNUR y en 2009 causaron la muerte de un número desconocido de civiles.
Los ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra lo que el gobierno ha descrito como fuerzas “Al-Quaeda” o “terroristas” parecen haberse hecho más frecuentes desde diciembre de 2009. Desde principios de 2009 más de 100 personas han perdido la vida en estos ataques a manos de las fuerzas de seguridad. En muchos de estos casos se ha producido un uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2009, 41 personas murieron en la gobernación de Abyan en el sur del país. Algunos de los homicidios parecen haber sido ejecuciones extrajudiciales. El gobierno investigó este caso mediante un comité parlamentario que llegó a la conclusión de que los homicidios fueron un error de las fuerzas de seguridad, que no intentaron detener a las personas que buscaban y que se debía pagar una compensación a sus familiares. Las denuncias de una violación de derechos humanos deberían conllevar una investigación judicial independiente para determinar si fueron homicidios ilegítimos y el procesamiento de los responsables.
