La Secretaria de Estado de Comercio comparece mañana martes en el Congreso pera explicar las ventas de armas de 2016
Las ONG piden que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados examine las actas de la Junta Interministerial que autorizó exportaciones de armas a Arabia Saudí e Irak
Informe El riesto de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso 2015 y 2016
Resumen, conclusiones y recomendaciones
Madrid/Barcelona. La campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) denuncia en un informe el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016. Las exportaciones de armas españolas superaron los 3.924 millones € en 2015 y los 4.362 millones € en 2016.
El informe analiza las estadísticas oficiales de venta de armas en 2015 y 2016 e identifica exportaciones preocupantes de diversos tipos de armas en ese período a Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía, basándose en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional. Las ONG destacan las exportaciones de armas a Arabia Saudí e Irak como ejemplo de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación de riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional.
Las ONG critican la exportación de municiones, granadas de mortero, diversos sistemas y equipos y aviones a Arabia Saudí por valor de más de 650 millones € en este período pese al riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en Yemen. El otro caso destacado de riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional es la exportación de municiones, granadas de mortero y vehículos blindados por valor de casi 140 millones € a las fuerzas armadas de Irak a pesar del deterioro de la situación de derechos humanos y al riesgo de desvío de las armas de modo que caigan en manos del Estado Islámico. El informe también identifica otras 16 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información.
Las ONG proponen un decálogo de recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para potenciar la transparencia, el control de las exportaciones y el escrutinio parlamentario. Entre las recomendaciones de las ONG destaca la petición de que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados examine las actas de las licencias de armas a Arabia Saudí e Irak concedidas por la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, las actas de este organismo son secretas. En diciembre de 2017 se cumplirá una década de la adopción de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán reclamó al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
Chema Vera, director de Oxfam Intermón destaca la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, que se encuentra a un paso de la hambruna y donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos.
El Gobierno español alega que en todos los documentos de uso final asociados a las licencias aprobadas a Arabia Saudí en los años 2015 y 2016, las autoridades de este país certificaron que los equipos y las municiones iban a ser destinados a uso interno y en ningún caso iban a ser reexportados sin el visto bueno del gobierno español. Así mismo, el ejecutivo señala que se reforzaron las garantías establecidas en los modelos de certificados de último destino desde el golpe de estado en Yemen en marzo de 2015 y de la intervención de la coalición de los países de la Liga Árabe.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, pide que se aclare si esas garantías “reforzadas” son legalmente vinculantes y que se detalle en qué consisten. “Nos surgen muchas dudas. Dado el pésimo historial saudí de uso de armas en Yemen con la comisión de presuntos crímenes de guerra, los informes sobre desvío de armas a grupos armados en Siria y la presencia de armas españolas en Yemen, se plantea una duda razonable, por lo que pedimos al Gobierno que deje de exportar armas a Irak y cese las ventas de armas a Arabia Saudí susceptibles de ser usadas en Yemen”. Rodríguez pide a la Secretaria de Estado de Comercio que profundice en estos asuntos en su comparecencia en el Congreso mañana martes y se pregunta cuáles son los mecanismos de refuerzo de la verificación del uso y si la embajada española en Arabia Saudí está haciendo seguimiento del uso de esas armas sobre el terreno.
Jordi Armadans, director de FundiPau, se pregunta cómo puede garantizar el Gobierno español que las armas exportadas a Irak no se usarán para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno iraquí y apunta al riesgo de desvío y de que las armas caigan en manos del Estado Islámico (EI). “Es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español”. Por ello, con motivo de los 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas, reclama la creación de una subcomisión parlamentaria que lleve a cabo una revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 en la que se escuche a la sociedad civil, e identifique medidas para reforzar los mecanismos de transparencia, control de las exportaciones y el control parlamentario.
