El puerto de Bilbao ha sido escenario en el último año del transporte de más 300 contenedores con explosivos a Arabia Saudí pese al riesgo de ser utilizados para cometer crímenes de guerra en Yemen
La campaña exige el cese de las exportaciones de armas que no se ajusten a la ley española de comercio de armas, como a Arabia Saudí
(Bilbao/Bilbo, 15 de septiembre de 2017).- La campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) exige el fin del secretismo en la venta de armamento español a Arabia Saudí y la falta de control del uso de las armas exportadas, prácticas que quedan patentes en el informe “Armas sin control: Un oscuro negocio Marca España”.
Los directores de las cuatro ONG han reclamado a la Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno español, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso que regula el comercio de armas, y a la que en mayo solicitaron una reunión que aún no ha sido concedida, el cese de las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí que puedan usarse en el conflicto de Yemen. Los directores de las ONG han hecho esta petición en una rueda de prensa a bordo del barco Esperanza de Greenpeace en el puerto de Bilbao, de donde, según los informes recibidos, en el último año han partido más de 300 contenedores con explosivos con destino a Arabia Saudí que podrían ser usados en el conflicto de Yemen.
Según la ONU, desde marzo de 2015, al menos 5.144 civiles han perdido la vida y 8.749 han sido heridos en esta guerra, donde las partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad y casi 19 millones de personas desplazadas dependen de la ayuda humanitaria.
El informe denuncia que los más de 650 millones de euros de armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen, en marzo de 2015, son un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la legislación española y europea y del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como de la opacidad y falta de control existente en el sector cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas.
El informe hace un recorrido por todo el proceso de aprobación de las exportaciones y seguimiento posterior de las armas exportadas y manifiesta toda una serie de dudas razonables muy preocupantes: ¿Hace el Gobierno una evaluación rigurosa, caso a caso, de cada transferencia de armas a Arabia Saudí según los criterios establecidos en la legislación? ¿Cómo puede tener la certeza de que no se están usando en el conflicto de Yemen? ¿Qué tipo de seguimiento hace España en el terreno? ¿Tiene el Gobierno español la certeza de no estar siendo cómplice de crímenes de guerra?
Las autoridades no han dado una respuesta satisfactoria a estas y otras preguntas clave. Como se señala en el estudio, el que las actas de la Junta Interministerial que aprueba las exportaciones de armas sean secretas por un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1987, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, imposibilita la rendición de cuentas adecuadas sobre las exportaciones de armas. El informe, además, expone las carencias del sistema español de control del uso de las exportaciones realizadas, analiza las claves de la autorización de las exportaciones y examina la apuesta gubernamental por la exportación de armas.
Las conclusiones del informe reflejan la urgente necesidad de poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí que puedan utilizarse en Yemen, revocando las ya aprobadas y no negociando nuevos contratos. Asimismo, es imprescindible adoptar medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo del uso de las armas previo a las autorizaciones, el control del uso de las armas exportadas y la necesidad de control parlamentario previo de determinadas exportaciones sensibles. Hace ocho recomendaciones al Gobierno y los grupos parlamentarios, entre las que destacan la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley con motivo del 10º aniversario de su adopción y que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, impulsada por el PNV, se adecúe a las normas internacionales de derechos humanos.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha demandado al Gobierno español que “pare la venta de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en Yemen porque es ilegal según la normativa española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán denunció que “la coalición liderada por Arabia Saudita ha lanzado numerosos ataques aéreos ilegales, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, de los que España corre el riesgo de ser cómplice, que han matado a miles de civiles y han destruido escuelas, hospitales, mercados y hogares”. La coalición saudí ha reconocido haber usado municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos. Beltrán ha reclamado al Gobierno español que “ponga fin al envío de armas y no autorice nuevas ventas de armas a Arabia Saudí que se pueden utilizar en Yemen, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
José María Vera, director de Oxfam Intermón, ha manifestado que “Es inaceptable que la respuesta del Gobierno al conflicto de Yemen, la mayor crisis humanitaria del mundo según la ONU, con al menos siete millones de personas al borde de la hambruna y donde cientos de miles sufren cólera, sea reducir la ayuda humanitaria y vender armas sin control”. La guerra está exacerbando la situación humanitaria en el país más pobre de Oriente Próximo, mientras ambas partes impiden la distribución de ayuda humanitaria. Vera reclamó al Gobierno que “controle sobre el terreno cómo usa Arabia Saudí las bombas, la munición o los aviones de reabastecimiento en vuelo exportados desde 2015, ya que son armas susceptibles de ser empleadas en los bombardeos en Yemen”. Además pide que España incremente sustancialmente la partida humanitaria.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, ha declarado que: “Da la sensación de que el secretismo del comercio de armas es un instrumento más de la política oficial de apoyo a la exportación de armamento, para el agrado de las empresas del sector. De hecho, estas exportaciones se han incrementado sustancialmente en los últimos años y en la legislatura 2012-2015 ascendieron a 13.000 millones, el doble de la anterior”. “La transparencia es un elemento clave para contribuir a la paz y es esencial para la rendición de cuentas efectiva”, ha continuado Rodríguez. “En este sentido la Ley de Secretos Oficiales es uno de los principales obstáculos para avanzar en transparencia, asegurar que el Gobierno cumple la ley y evitar exportaciones irresponsables. Por eso, el Parlamento debe aprobar ya su reforma y adecuarla a las normas internacionales”, ha concluido Rodríguez, quién también ha exigido al Gobierno español que revoque el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, que clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas, ya que impide conocer las razones, por ejemplo, para autorizar las exportaciones a Arabia Saudí.
Jordi Armadans, director de FundiPau, ha manifestado que “Es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español”. Por ello, con motivo de los 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas, ha reclamado a los grupos parlamentarios, que en los próximos días votarán en la Comisión de Defensa un dictamen con recomendaciones al Gobierno sobre las exportaciones de armas en 2015 y 2016, que impulsen “la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley 53/2007 e identifiquen medidas para reforzar los mecanismos de transparencia, control de las exportaciones e instauren un mecanismo de control parlamentario previo para exportaciones sensibles”. Los grupos parlamentarios deberían instar al Gobierno a poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí y exigir un control parlamentario previo en las exportaciones sensibles.
