El próximo lunes, 2 de julio de 2012, puede ser un día histórico. Ese día comienza en Nueva York la conferencia convocada por la ONU para adoptar un texto que establezca un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). La conferencia supone la culminación de un trabajo iniciado hace diez años por ONG de todo el mundo pidiendo una regulación del comercio internacional de armas que impida que éstas sean utilizadas para cometer o propiciar graves violaciones de derechos humanos o que puedan exacerbar conflictos y frenar la lucha contra la pobreza.
Hoy, unos días antes de esa fecha, la sociedad civil mundial demuestra contundentemente su posición a favor de un TCA “a prueba de balas”, saliendo a la calle en ciudades como Nueva York, Washington, Londres, Barcelona o Madrid para reclamar a sus gobiernos que aprueben una regulación efectiva del comercio internacional de armamento.
En España, la postura del Gobierno y la movilización de la sociedad civil previa a la celebración de la conferencia, ha demostrado que la población española está decididamente a favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas que salve vidas.
Los representantes políticos han mostrado un gran respaldo a un TCA sólido, que las organizaciones sociales les instan a mantener. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha afirmado públicamente que el gobierno apoya una regulación internacional del comercio de armas que impida violaciones de los derechos humanos.
El Congreso de los Diputados, los parlamentos autonómicos de Aragón, Canarias, Cataluña, Euskadi, Islas Baleares, Murcia, Navarra y Valencia, medio centenar de ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares e instituciones como el Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) han aprobado mociones o declaraciones institucionales a favor de dicho tratado.
La campaña a favor de un TCA que incluya garantías para los derechos humanos, liderada en España por Amnistía Internacional, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam, ha conseguido las adhesiones de numerosas ONG y personalidades públicas.
Estas tres ONG han recogido, presencialmente o a través de sus páginas web, más de 40.000 firmas pidiendo a nuestro gobierno, y a los de los países que son los principales exportadores de armas, que la conferencia que comienza la próxima semana sirva para aprobar un TCA eficaz y sólido.
Desde el punto de vista de la sociedad civil, el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas debe incluir una regla de oro (la garantía de que no se autorizan transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que puedan llegar a ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones y abusos de derechos humanos).
Un tratado que incorpore dicha garantía contribuiría decisivamente a evitar numerosas violaciones y abusos contra los derechos humanos ya que, según datos de Amnistía Internacional, cerca del 60% de las violaciones y abusos documentados en sus informes tienen que ver con el uso de armas. Por otro lado, según un informe de Oxfam, los conflictos armados cuestan a África 18.000 millones de dólares al año. La misma cantidad que reciben en ayuda anualmente. Hay que tener en cuenta que el 95% de las armas más usadas en los conflictos africanos – los derivados del fusil Kalashnikov – se producen fuera del continente.
Ese impacto positivo que tendría el Tratado para la vida de millones de personas en todo el mundo, será especialmente importante en el caso de las mujeres que deben hacer frente a la destrucción o robo de los medios de subsistencia que poseen en contextos de violencia armada y han sido blanco de la violencia sexual en el marco de conflictos armados. También para los menores soldado, que todavía existen en al menos 14 países del mundo.
La sociedad civil espera que sus representantes políticos tengan ahora el coraje y la capacidad de liderazgo para aprobar una regulación del comercio internacional de armas que proteja los derechos humanos.
Para Esteban Beltrán, director de AI España, “está claro que el comercio irresponsable y mal regulado de armas fomenta graves abusos contra los derechos humanos y conflictos en todo el mundo. Ahora podemos revertir esa situación”.
Según Rafael Sanchís, director general de Intermón Oxfam, la falta de regulación del comercio de armas hace que “millones de personas se vean obligadas a huir de sus hogares. Además, se niegan servicios sanitarios y educativos y se destruyen medios de subsistencia, condenando a mucha gente a la pobreza”.
Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau, representante en España de IANSA (siglas inglesas de Red Internacional de Acción sobre las Armas Ligeras), asegura que “el mundo necesita un TCA sólido que incluya todas las armas convencionales, incluida la munición”.
Información de contexto
Diversas organizaciones lanzaron en 2003 la campaña Armas bajo Control. Tres años después, en 2006, 153 gobiernos aprobaron en la ONU la resolución que abría el camino hacia la adopción de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. La conferencia de julio de 2012 es la etapa clave de un largo proceso.
En 2010, el valor total de las transferencias internacionales reales de armas convencionales en el mundo, según las estadísticas nacionales, fue de aproximadamente 59.200 millones de dólares estadounidenses.
Este valor no incluye las entregas de una serie de países con exportaciones grandes o medianas de armas, como Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Polonia, Grecia o Serbia, debido a la falta de datos.
Algunos grandes fabricantes y exportadores de armas, como la Federación Rusa y China, así como muchos fabricantes medianos o pequeños de armas convencionales, no publican sus datos sobre transferencias internacionales de armas convencionales.
La UE, la mayoría de los países africanos y de América Latina apoyan de momento la inclusión de la “regla de oro” de derechos humanos y la necesidad de adoptar un tratado sólido. Las ONG convocantes de esta movilización internacional esperamos que mantengan su compromiso hasta el final.
Sin embargo, existen poderosos intereses contrarios a una regulación fuerte del comercio internacional de armas. Varios gobiernos, entre ellos Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Cuba, se oponen a la inclusión de una prohibición de las exportaciones de armas cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser utilizadas para cometer o amparar violaciones y abusos de derechos humanos. Otros como China y EEUU quieren que se rebajen los criterios de derechos humanos.
Algunas consecuencias de la falta de regulación del comercio internacional de armas:
- Entre 794.000 y 1.115.000 personas perdieron directamente la vida en muertes relacionadas con combates en conflictos armados en 131 conflictos armados, lo que supone una media de 50.681 muertes al año. Hubo muchas más muertes causadas por los efectos indirectos de estos conflictos, que resultan difíciles de calcular. Por ejemplo, en 2008, la Declaración de Ginebra estimó una media de al menos 200.000 muertes indirectas al año a causa de conflicto armado.
- Entre 1989 y 2010, hubo violencia armada unilateral perpetrada contra civiles por las fuerzas armadas gubernamentales y por grupos armados formalmente organizados en 74 países. Esa violencia provocó entre 699.837 y 1.201.224 muertes. Esto supone una media de 54.601 muertes al año, utilizando la estimación más alta.
- El 42 por ciento de los homicidios globales son de hecho cometidos por individuos y bandas delictivas que utilizan armas de fuego, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En 2010, 199.000 de los 468.000 homicidios cometidos en el mundo se llevaron a cabo con armas de fuego.
- Al menos el 60 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en una muestra de 10 años está relacionada con el uso de armas pequeñas y ligeras.
- En 2011 había al menos 14 países en situación de conflicto armado en los que las partes enfrentadas recurrían a “la utilización de niños, el asesinato y la mutilación de niños, las violaciones y otros actos de violencia sexual contra niños", según el secretario general de la ONU.
- En 2010, solo 90 países tenían regulación y control nacional sobre la importación de armas pequeñas y ligeras.
- Al concluir 2010, 43,3 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia de conflictos armados y persecución.
