España autorizó durante el primer semestre de 2009 la venta a las Fuerzas Armadas tailandesas de aeronaves por un valor de 50 millones de euros y de armas de calibre inferior a los 20 milímetros por un valor de 105.452 euros. Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam alertan de que este material puede incrementar la tensión interna que se vive actualmente en Tailandia, así como ser utilizado para fines de represión contra la población civil y vulnerar de este modo los derechos humanos.
Desde el 13 de mayo, cuando el gobierno tailandés puso en marcha la operación Rachaprasong, para desalojar a los manifestantes antigubernamentales del Frente Nacional Unido de Democracia contra la Dictadura, los soldados han disparado balas de goma y munición real en varios lugares de Bangkok donde se han llevado a cabo las protestas. Al menos 35 manifestantes desarmados han perdido la vida y más de 200 personas han resultado heridas, entre ellas varios periodistas tailandeses y de otros países, además de un niño de 10 años.
Disparar munición real deliberadamente contra personas desarmadas, incluidos manifestantes, que no representan una amenaza verosímil para nadie es ilegítimo y constituye una temeraria violación del derecho internacional relativo al uso de la fuerza.
“Sería irresponsable que el Gobierno español ejecutase la venta de material de defensa autorizado a ese país ante el uso imprudente de medios letales ejercido por el ejército contra los manifestantes” señala Paco Ortega, coordinador del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional. “Estas autorizaciones resultan incomprensibles, dada la grave inestabilidad interna en la que está sumido este país asiático desde septiembre de 2008, con constantes instauraciones del estado de excepción y enfrentamientos entre manifestantes y el ejército. El Gobierno español debe revocar urgentemente estas autorizaciones, tal como prevé la ley de armas”.
