Ayer se publicó en El Confidencial la noticia “Puigdemont usó dinero público de ayuda al tercer mundo para apuntalar el ‘procés’” (podéis leerla más abajo) en la que se nos mencionaba y en la que había tantos errores, confusas interpretaciones y extrañas conexiones que, honestamente, nos cuesta de entender.
Respetamos absolutamente el enfoque político que quiera darle El Confidencial a esta y a otras noticias. Pero exigimos que ese enfoque político respete la realidad, sin forzarla ni falsearla. Es esa, por cierto, una de las contribuciones necesarias que puede hacer el periodismo para favorecer una cultura de paz y de diálogo.
Nos vemos obligados a aclarar lo siguiente:
- En el artículo se dice que las acciones de sensibilización y educación no forman parte de la ayuda a la cooperación al desarrollo. Sorprende esa afirmación porque todos los informes, estrategias, planes directores, recomendaciones de organismos internacionales, etc. no solo recogen la Educación para el desarrollo (EpD), sino que recalcan su enorme importancia. Cambiar las condiciones de desigualdad, pobreza, vulneración de derechos humanos, etc. pasa, en muy buena medida, por cambiar los valores y las políticas de los países ricos y el sistema internacional.
- Al afirmar que “la legislación autonómica incluye en ese concepto (se refiere al de la cooperación) las acciones o programas destinados supuestamente a aumentar la ‘sensibilización, educación, formación y valores’ de los catalanes hacia la cooperación con esos pueblos” El Confidencial da a entender que eso es un caso único, solo impulsado por el Gobierno catalán. Pero como ya hemos dicho en el punto anterior, la verdad es otra. Todas las políticas de cooperación de países, comunidades autónomas, municipios, etc. recogen la EpD. En cualquier caso, El Confidencial puede consultar la web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para al Desarrollo (AECID) dónde encontrará una ‘Estrategia de Educación parar el Desarrollo (EpD) de la Cooperación Española’ y como ésta está plenamente incorporada en el ‘V Plan Director de la Cooperación Española’ donde ser afirma que “la EpD es un proceso clave para la Cooperación Española”.
- Nos resulta incomprensible que se ponga como ejemplo de ‘apuntalar el procés’ un proyecto sobre armas nucleares. Al margen de que el desarme es uno de los objetivos fundacionales de las Naciones Unidas y de que la promoción de la paz y la erradicación de toda forma de violencia están entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué seriedad tiene esa afirmación? En 2014 realizamos un Seminario en Madrid, con ponentes internacionales, sobre armas nucleares con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ¿Hubiera publicado El Confidencial la noticia ‘El Gobierno Rajoy apuntala el procés’? Pedimos un mínimo de rigor.
- Desconocemos por qué El Confidencial destaca nuestra entidad de entre las centenares que reciben dinero público. Aclaremos, en cualquier caso, que por decisión fundacional, y a diferencia de muchas ONG, el presupuesto de FundiPau se nutre fundamentalmente de recursos propios como donativos, cuotas, etc. (en los últimos años, entre el 55% y el 71%) y no de subvenciones.
- FundiPau es una organización, nacida en 1983, pionera en Cataluña y España en la promoción de la cultura de paz. Forma parte de varias redes por la paz de ámbito catalán, estatal e internacional. Cuenta con 36 años de experiencia impulsando programas de educación para la paz, apoyando a actores de paz en zonas de conflicto, promocionando la seguridad humana y participando activamente en campañas globales. De hecho, es miembro activo de todas las campañas internacionales por la paz, el desarme y el control de armas de los últimos 30 años (ICBL, por las minas antipersonales; CMC, por las bombas racimo; CAC, por el control del comercio de armas e ICAN, por las armas nucleares, entre otras). Dos de ellas, por cierto, ICBL e ICAN, han recibido el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, FundiPau ha participado en diversos procesos diplomáticos en Naciones Unidas representando, a veces únicamente, a la sociedad civil de todo el Estado. Al definir nuestra entidad, sin embargo, en la noticia se ignora toda esa realidad (pública y contrastada) y se afirma que FundiPau es ‘una de las fundaciones de la galaxia secesionista’. Cuesta de entender tanta desinformación y nos dolería mucho que fuera voluntad consciente de desinformar.
- Se dice que “promovemos la desobediencia civil contra el Estado”. Nuestra organización no se dedica a la promoción de la desobediencia civil. Sencillamente, son hechos evidentes, la desobediencia civil ha sido y es, a veces, imprescindible para avanzar en dignidad, justicia y libertad. Que las leyes no son siempre justas y que a veces obedecen a los intereses de determinados poderes y no al bienestar común, es algo obvio. Negar la desobediencia civil como herramienta de transformación sería negar la historia y, específicamente, negar el trabajo del movimiento por los derechos humanos y del movimiento por la paz. En cualquier caso, aprovechamos para aclararlo. La desobediencia civil no es ‘contra nadie’, es a favor de. Los objetores de conciencia que se negaron a hacer el servicio militar, ¿lo hicieron contra el Estado? No, lo hicieron a favor de la paz y la noviolencia. Cuando Pepe Beúnza se hizo objetor en 1971, desobedeció. Pero en 1978 la Constitución Española reconoció el derecho a la objeción. Desobedecer, muchas veces, es avanzar en la creación de nuevos derechos y libertades.
- FundiPau siempre ha rechazado la violencia para afrontar los conflictos así como la represión con la que muchos Estados afrontan los conflictos y, en general, la discrepancia y la disidencia. Lo pensamos a nivel global y a nivel local. Así, hemos denunciado acciones policiales llevadas a cabo por la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y lo seguiremos haciendo cuando, a nuestro entender, se vulneren derechos humanos fundamentales. En relación específica con el ‘procés’, hemos denunciado la violencia policial del 1-O, la prisión preventiva de los y las detenidas o el relato de la rebelión violenta. Muchas de estas cosas, por cierto, han sido también denunciadas por numerosos juristas españoles y por todas las ONG internacionales de derechos humanos.
- FundiPau está formada por más de 4.000 personas (entre colaboradoras, socias, donantes, activistas, patronato, equipo técnico, etc.) comprometidas con la paz. No es nuestra misión, ni nuestra posibilidad, tener una opción política sobre el ‘procés’.
Compartimos, eso sí, cuatro aspectos básicos:
- a) la visión de que toda solución al conflicto pasa por reconocer su existencia, por el diálogo y por una solución democrática al mismo
- b) la necesidad de reconocer la pluralidad y fortalecer los ámbitos de diálogo entre sensibilidades diferentes dentro de Cataluña y con el Estado
- c) mantenernos firmes en la defensa de los derechos humanos
- d) defender la legitimidad de la movilización pacífica y noviolenta
Nos ofrecemos para, en otra ocasión que El Confidencial hable sobre ONG, cooperación al desarrollo, trabajo por la paz o sobre FundiPau, compartir nuestros conocimientos y visiones. Si a El Confidencial no le gusta FundiPau, cosa que respetamos plenamente, le aconsejamos que se documente con Lafede.cat o con la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo.
Barcelona, 2 de julio de 2019
Notícia de El Confidencial
Puigdemont usó dinero de ayuda al tercer mundo para apuntalar el ‘procés’
La Generalitat utilizó las ayudas de cooperación al desarrollo para fortalecer los tentáculos del independentismo en su propio territorio y aumentar la proyección internacional del movimiento
La Generalitat de Cataluña ha estado utilizando las ayudas de cooperación al desarrollo para fortalecer los tentáculos del independentismo en su propio territorio y aumentar la proyección internacional del movimiento en pleno desafío al Estado. Miles de euros públicos que tendrían que haber servido para mejorar las condiciones de vida de habitantes del tercer mundo terminaron en las arcas de entidades implicadas en el ‘procés’, según constata el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes, centrado en la fiscalización de los servicios de acción exterior de la Generalitat. En el año del referéndum, el Ejecutivo de Carles Puigdemont elevó esta partida presupuestaria un 222%.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto una larga de lista de irregularidades en las tripas de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el organismo de la Generalitat encargado de repartir sus subvenciones de ayuda oficial al desarrollo (AOD). La OCDE considera que solo es AOD el dinero que se invierte en los países con necesidades, pero la legislación autonómica incluye en ese concepto las acciones o programas destinados supuestamente a aumentar la “sensibilización, educación, formación y valores” de los catalanes hacia la cooperación con esos pueblos.
Los ejecutivos de Artur Mas y Puigdemont habrían utilizado ese coladero para introducir, dentro de la bolsa de ayudas al desarrollo, subvenciones a programas tan poco relacionados con ese objetivo como ‘Cataluña para la abolición de las armas nucleares’; ‘Herramientas de fortalecimiento del tejido asociativo catalán hacia la soberanía económica y energética’; ‘Promoción del turismo rural comunitario entre los actores del sistema turístico catalán’; ‘Dame cine, ciberactivismo feminista por los derechos de las mujeres como defensoras de los derechos’, y ‘Derechos sexuales y reproductivos: fortalecer capacidades de incidencia en la agenda global 2030 y en la agenda catalana’.
Casualmente, la mayoría de estos programas fueron organizados por asociaciones y colectivos vinculados al ‘procés’. El primero de ellos, ‘Cataluña para la abolición de las armas nucleares’, que recibió 12.000 euros, fue promovido por FundiPau, una de las fundaciones de la galaxia secesionista que promueven la desobediencia civil contra el Estado. Esta misma semana, por ejemplo, organiza en Barcelona unas jornadas sobre esas estrategias de insumisión bajo el paraguas de la nueva campaña de acciones lanzada por Òmnium, con el lema ‘Ho tornarem a fer’ (‘Lo volveremos a hacer‘).
En esas mismas jornadas participan también Observatori DESC y Novact, dos de las organizaciones que más fondos han recibido también para supuesta ayuda al desarrollo y también activamente implicadas en la promoción del postulado del independentismo. Novact fue una de las entidades que acusaron al Estado de vulnerar “derechos civiles y políticos” de los catalanes con su actuación en el 1-O, y ha formado parte de un supuesto grupo de supervisión internacional, formado en realidad por entidades catalanas, para vigilar el desarrollo del juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’. Solo en 2017 recibió de la Generalitat tres subvenciones de ayuda al desarrollo que suman más de 300.000 euros. Fundipau se llevó otros 55.000 euros y Observatori DESC, 27.000 por un programa titulado ‘Instituir derechos económicos, sociales y culturales de forma efectiva; balance y perspectivas de la constitucionalización de derechos económicos, sociales y culturales’.
El Tribunal de Cuentas denuncia que no hay ninguna evidencia de que los programas financiados encajen en los objetivos que fija supuestamente el Plan Director de Cooperación al Desarrollo vigente y que, en cualquier caso, el destino de los fondos apenas es fiscalizado por la Generalitat. La normativa permite a la ACCD conceder anticipos del 100% de la ayuda y su control posterior del dinero es muy deficitario. Asimismo, el órgano de vigilancia contable denuncia que la normativa catalana restringe el acceso a estas subvenciones de los colectivos que tienen su sede en la comunidad y que, además, tienen en su territorio órganos directivos con una capacidad de decisión real, una discriminación diseñada por el Govern para asegurarse su capacidad de influencia en estas asociaciones.
La ACCD tramitó en 2014 subvenciones por un importe total de 3,9 millones de euros. En 2015, la cantidad de las ayudas subió a 5,4 millones, y un año después bajó ligeramente a 4,1. La mayor variación se produce en 2017, en pleno órdago del Ejecutivo independentista de Puigdemont al Estado. El Govern de Junts pel Sí acordó elevar esa partida hasta los 13,3 millones de euros, un 222% más que en el ejercicio anterior.
Parte del dinero del año del 1-O ni siquiera terminó en las arcas de entidades relacionadas con la cooperación. Como ejemplo, la ACCD concedió en 2017, en virtud de un convenio de colaboración, la cantidad de 20.000 euros a Diplocat, el ente público de la Generalitat encargado de canalizar la acción exterior del Govern y gestionar su vasta red de embajadas, la mayoría situadas en los barrios más exclusivos de las principales capitales del mundo. Una vez en Diplocat, los 20.000 euros fueron incluidos a su vez en otra subvención de 165.000 euros concedida por ese ente diplomático a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas, más conocida por sus siglas, Focir, y que también ha jugado un papel clave en la difusión en el extranjero del mensaje independentista.
La propia Generalitat admitió que ese convenio, al igual que el incremento de la partida de cooperación en un 222%, tenía como objetivo impulsar las ayudas para la proyección internacional de Cataluña en 2017. Como su nombre indica, la Focir agrupa a cualquier entidad catalana que haya conseguido poner un pie en el organismo internacional que represente a ese sector, desde la Federación de Radioaficionados de Cataluña a la Federación de Entidades Excursionistas, pasando por la Federación Catalana de Baile Deportivo y la Federación de Pitch & Putt, una modalidad de golf. Todo suma para el ‘procés’. Tras la intervención de Diplocat con el 155, la Focir asumió su papel. No solo recibe dinero del órgano exterior del Govern. La Generalitat, la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento de la Ciudad Condal le conceden anualmente ayudas y también ha logrado acceder a una línea de subvenciones del Fondo Social Europeo de la Unión Europea.
Tampoco es casualidad que la Focir esté presidida por Mónica Sabata, una histórica del independentismo que fue una de las principales promotoras de la Plataforma por el Derecho a Decidir, una entidad surgida en 2005 al socaire de la defensa del Estatuto de Cataluña que contribuyó a extender el concepto de autodeterminación y se puede considerar precursora de la Asamblea Nacional Catalana, fundada en 2012. Al menos 20.000 euros destinados originalmente a la cooperación con países al desarrollo terminaron en 2017 en las manos de Sabata.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene abierta una investigación sobre una presunta trama de malversación en subvenciones al tercer mundo ideada por cargos de Convergència para desviar fondos al ‘procés’. Las pesquisas se saldaron en mayo del pasado año con la llamada operación Estela, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que se centró en las ayudas concedidas por la Diputación de Barcelona, con su propia partida presupuestaria para cooperación. Más de una treintena de dirigentes públicos y directivos de asociaciones están imputados.
