Por Carme Suñé Minguella, vicepresidenta de FundiPau
Publicado en LaDirecta.cat en catalan el 15/4/2020
La llegada de la covid-19 ha sido como un tsunami que ha cambiado nuestras vidas de un día para otro; nuestros sistemas de salud están tensionados al máximo, las calles ya no son nuestras –si es que tenían que ser solo nuestras– porque la inmensa mayoría de nosotros hace más de tres semanas que vivimos confinados en nuestros hogares, experimentando un aislamiento social no escogido y sobrevenido que nos obliga más que nunca a cuidarnos emocionalmente para procurar no caer en el desánimo, el miedo, la ansiedad o la angustia que la amenaza de esta pandemia global nos puede provocar.
A pesar de estar sufriendo los efectos devastadores de este tsunami, deberíamos ser capaces de alargar la mirada más allá de nuestra casa, de nuestra gente, de nuestra ciudad o de nuestra tierra, y visibilizar que en otras tierras, lejanas y no tanto, los efectos de este mismo virus pueden ser catastróficos. Esta es la nueva amenaza a la que se enfronta Siria, un país que acaba de entrar al décimo año de una guerra que ya ha provocado más de medio millón de muertos y más de cien mil detenciones arbitrarias, y ha desplazado a más de la mitad de la población que tenía el país antes de 2011.
En todo el país hay cientos de miles de personas que no se pueden confinar en su casa porque ya no tienen casa, y no pueden aislarse socialmente porque en muchas zonas decenas de miles de familias malviven amontonadas en campos improvisados, mientras que en las prisiones y los centros de detención, un brote del nuevo coronavirus sería imposible de contener por las condiciones en las que están la mayoría de estos centros. Las personas detenidas sufren hacinamiento en celdas subterráneas insalubres donde no tienen garantizados sus derechos fundamentales más básicos como son la atención médica, alimentación adecuada y acceso al agua y a la higiene personal. La situación de especial vulnerabilidad que sufren los cerca de 100.000 detenidos y desaparecidos es el motivo que ha movido a la asociación Families for Freedom a iniciar una campaña internacional para exigir que se actúe de forma urgente y se libere a todos los detenidos en prisiones y centros de detención ante la propagación de la pandemia del nuevo virus.
La situación del resto de la población en el 70% del país que está de nuevo bajo control gubernamental, también es muy preocupante. Según el activista y profesor en la universidad de Lausana, Joseph Daher, la precaria situación económica, la destrucción de infraestructuras y la falta de los servicios más básicos como consecuencia de más de nueve años de guerra, ya han provocado protestas contra las paupérrimas condiciones de vida en la provincia de Sweida y más recientemente en la provincia de Daraa y en las zonas rurales alrededor de Damasco. La propagación de la covid-19 sería una tragedia para los millones de sirios que viven en estas zonas, donde el gobierno mantiene el control absoluto de la información sobre la propagación del virus. Un buen ejemplo de ello es la prohibición de que los médicos hagan cualquier comentario sobre la situación, o los obstáculos que pone el gobierno a colaborar con agencias internacionales en el marco de la pandemia.
Para intentar evitar la propagación del nuevo virus, el gobierno ha restringido la exigua actividad económica que había en un país donde el 80% de la población es pobre y sobrevive si puede salir a buscar trabajo cada día. No poder hacerlo les lleva inevitablemente a la pobreza más extrema. Para intentar paliar las necesidades más básicas de miles de familias, han surgido iniciativas locales de solidaridad en Damasco, Lattakia, Tartous, Sweida, Hama, Homs, Alep y Daraa, también campañas de sensibilización lideradas por ONGs locales para dar a conocer las medidas preventivas contra la expansión del virus. Desgraciadamente, el régimen de Al-Assad percibe estas iniciativas locales como amenaza a sus propias redes y sobre todo a su autoridad, y pide que cualquier ayuda y donación se canalice exclusivamente a través de las entidades registradas al ministerio de asuntos sociales. Damasco necesita asegurar su autoridad y no dudará en utilizar la pandemia de la covid-19 para consolidar su autoritarismo y ahogar cualquier intento de disidencia social.
La situación humanitaria y sanitaria en Rojava, en el nordeste, también ha quedado muy deteriorada después de la operación bélica encabezada por Turquía. Los bombardeos en la zona de la frontera desplazaron cientos de miles de personas que ahora se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad ante la aparición del nuevo virus, y el agua se ha convertido, como pasa a menudo en lugares de conflicto, en una arma de guerra. Según fuentes de Human Rights Watch de la región, Turquía ha decidido cortar el suministro de agua en los territorios kurdos de esta zona del país. Medio millón de personas no tienen asegurado el acceso al agua, especialmente las que sobreviven en campos de refugiados, y sin agua para lavarse las manos, se les priva de la única medida preventiva con la que se intenta esquivar el nuevo virus. En plena crisis sanitaria, la falta de agua puede crear estragos entre la población y es inaceptable que una vez más se haga uso del mercadeo de un bien de primera necesidad para favorecer intereses propios.
Después de nueve años de guerra y de bombardeos intencionados a hospitales, infraestructuras de salud –casi 500 según la OMS– y personal médico, el sistema sanitario del país está devastado. En la provincia de Idlib es donde la destrucción de infraestructuras sanitarias es más grave a causa de los bombardeos indiscriminados de la aviación rusa y del gobierno sirio. Desde diciembre de 2019 estos ataques contra la población civil han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas, el 80% de las cuales mujeres, niños y niñas desplazadas, en muchos casos, de otras zonas del país hacia la frontera con Turquía. Allí se amontonan en campamentos improvisados sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Las organizaciones humanitarias alertan de una catástrofe sanitaria sin precedentes si la pandemia golpea estos campos de desplazados que ya están desbordados. Naciones Unidas han pedido un alto al fuego en todo el país para poder hacer frente a la amenaza del nuevo virus, pero según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, fuerzas gubernamentales siguen bombardeando pueblos de la región sin tener en cuenta la tregua acordada para Rusia y Turquía, y agravando todavía más la situación de buena parte de los más de tres millones de habitantes que tiene actualmente la provincia de Idlib. Es una quimera pensar que en estas condiciones se pueda hacer frente a una emergencia sanitaria como la que representa la covid-19.
Siria sigue sufriendo el olvido de prácticamente todo el mundo, mientras la grave crisis humanitaria denunciada hace tiempo por Naciones Unidas y organizaciones internacionales y locales, ahora se ve agravada por la afectación del coronavirus, que puede provocar una catástrofe sanitara en las prisiones y los centros de detención, y entre la población refugiada del noroeste y nordeste, y puede dejar en la pobreza más extrema a millones de personas alrededor del país. Desde Idlib, una trabajadora social colgó una fotografía en las redes sociales que pone de manifiesto las paradojas que afectan a la población refugiada y desplazada en tiempos de la covid-19. La foto muestra una niña delante de una tienda con un cartel en las manos donde se puede leer:
“Stay home…..I wish I can” (Quédate en casa…… Ojalá yo pudiera)
